Wild forest contrasted against featureless farmland

Nuevo informe revela deforestación ilegal de la Amazonía mientras Perú aprueba una ley que perdona delitos forestales del pasado

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Un nuevo informe de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA), Parcelando la Amazonía, expone cómo las empresas de aceite de palma y cacao están impulsando la deforestación en la Amazonía y cometiendo ilegalidades con la complicidad del gobierno. El aceite de palma producido por algunas de estas empresas entró en las cadenas de suministro de grandes multinacionales como Kelloggs, Nestlé y Colgate. El aceite de palma también se comercializó a empresas con sedes en Bélgica (Vandemoortele) y España (Lipsa) que producen mercancías para el mercado de la Unión Europea (UE), justo cuando entra en vigor una nueva ley -el Reglamento de Deforestación de la Unión Europea (EUDR)- que prohíbe las importaciones de mercancías procedentes de cualquier deforestación ilegal producida antes del 31 de diciembre de 2020, así como las procedentes de deforestación – incluso la deforestación legal- que ocurrió después de diciembre de 2020.

Sin embargo, el Congreso de Perú se apresuró recientemente a aprobar una nueva legislación que modifica la ley forestal y que legaliza gran parte de la deforestación ilegal llevada a cabo por algunas de las empresas mencionadas en el informe. La nueva ley también viola los términos del Acuerdo Comercial entre Estados Unidos y Perú, que obliga a ambos países a no debilitar las protecciones ambientales para promover el comercio. Fue apoyada por federaciones peruanas de comercio y exportación que citaron el EUDR como justificación para aprobarla. Como resultado, el aceite de palma y el cacao contaminados producidos por empresas que han operado durante años con impunidad pueden seguir comercializándose a consumidores europeos y peruanos desprevenidos, sentando un peligroso precedente con el riesgo de que se produzcan más deforestación ilegal en la Amazonía en el futuro.

La información oficial revela que en Perú se han talado 2’774,563 hectáreas de bosque en las últimas dos décadas, una superficie similar a la de Haití. Aunque el Gobierno atribuye gran parte de esta pérdida a la agricultura a pequeña escala, la investigación de la EIA arroja luz sobre la creciente amenaza que supone la producción industrial de aceite de palma y cacao en la Amazonía peruana. Según las conclusiones de la EIA, las empresas mencionadas, diez en total, cometieron una serie de abusos, entre ellos la tala rasa de casi 13,000 hectáreas de selva amazónica, la adquisición de tierras con títulos ilegales, la deforestación sin permisos, la no presentación de la documentación ambiental exigida, el impago de multas y la violación de los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales. El informe también revela graves fallos de gobernanza por parte del Estado peruano en las operaciones de las empresas y señala casos de complicidad gubernamental en comportamientos ilegales.

La publicación de la nueva modificación de la ley forestal en enero de 2024 -que, según los analistas jurídicos, fue aprobada a toda prisa por el Congreso de Perú, haciendo caso omiso de los procedimientos adecuados- perdona toda la deforestación ilegal histórica cometida en predios rurales o áreas deforestadas para la agricultura, y corre el riesgo de permitir más en el futuro. En consecuencia, impide que los agronegocios rindan cuentas por cualquier deforestación ilegal anterior, eludiendo así disposiciones fundamentales de la nueva ley de la UE. Organizaciones de la sociedad civil peruana, incluidos pueblos indígenas y ONGs, vienen protestando contra la ley, que también está siendo impugnada ante los tribunales por violar la Constitución.

Julia Urrunaga, directora de EIA Perú, afirmó: “Esta ley enflaquece la lucha contra la impunidad al recompensar a los malos actores de la deforestación ilegal y corre el riesgo de fomentar más destrucción. Debería derogarse y las empresas implicadas en la tala ilegal de bosques deberían responder de sus delitos”.

La EIA pide a los gobiernos de la Unión Europea, Estados Unidos, Noruega y Alemania -que prestan ayuda para conservar los bosques tropicales- que colaboren con el gobierno peruano para convencerle de que derogue la modificación de la ley forestal, aumente la transparencia en el sector de la tierra, exija responsabilidades a las empresas y funcionarios estatales implicados en la ilegalidad, reforme exhaustivamente las instituciones estatales y promueva leyes que protejan, en lugar de perjudicar, a la Amazonia y a las personas que dependen de ella.